Si la enfermedad es de carácter social, también debe serlo la respuesta.

En 1845, Friedrich Engels, empresario textil, relataba en “La situación de la clase obrera en Inglaterra” la experiencia del Dr. Knight acerca del “asma de los afiladores”, una de las nuevas enfermedades producidas por la Revolución Industrial: “Es raro que sufran muchas enfermedades antes de los 20 años. Entonces es cuando se manifiestan los síntomas de su enfermedad específica; pierden la respiración al menor esfuerzo […] el color de su tez se torna amarillo terroso, sus rasgos expresan la angustia, se quejan de tener el pecho oprimido […] La hemoptisis, la incapacidad de permanecer estirados, los sudores nocturnos, diarreas con cólicos, un enflaquecimiento anormal acompañado de todos los síntomas habituales de la tuberculosis acaba por destruirlos, luego de haber estado enfermos durante meses y años, imposibilitados de mantenerse ellos mismos y a los suyos por su trabajo”.
Sólo tres años después, Engels terminaría de confirmar el rechazo a su origen social acomodado y publicaría en coautoría con Karl Marx “El Manifiesto Comunista”.
Contemporáneo de Engels, un médico alemán llamado Rudolf Virchow retomaba en esos años la línea de estudio de la Medicina que vinculaba la producción de enfermedades con las condiciones de vida y el origen social de las personas. A contramano de la mayoría de los médicos que lo precedieron, Virchow no se limitó a investigar el problema y darlo a conocer. Virchow creía, decía, que todo el poder investido en la figura del médico debe ser usado para transformar una realidad injusta en la que hay seres humanos que se enferman por ser pobres.
“La política no es más que Medicina a gran escala”, dijo.
Durante las revueltas revolucionarias de 1848, desde las barricadas de Berlín, Virchow le escribió a su padre: “el médico es el abogado del pobre”. Virchow es, desde entonces, el padre de la Medicina Social (y de la Anatomía Patológica).
Más de 150 años después, los médicos de un hospital de la ciudad de Buenos Aires relatan que el 60% de las personas con tuberculosis que atienden trabajan en talleres clandestinos al margen de toda ley, y reconocen que las condiciones en que estas personas desarrollan su tarea diaria determinan la posibilidad de enfermarse, recibir tratamiento adecuado, sobrevivir, rehabilitarse.
Tuberculosis. Una enfermedad de las clásicas. De esas que marcan. Que portan un estigma. Estigma que enferma tanto como la tuberculosis misma. Estigma que en el siglo XIX se asociaba a trabajos oscuros y ciudades impuras. Trabajos que eran tanto insalubres como legales. Y que para acabar con semejante opresión, la de que fuera legal enfermarse de trabajar, Engels y Virchow decidieron consagrar su vida –y las ventajas que ésta les había dado– a defender a aquellos que no podían hacerlo por sí mismos.
Sin embargo, enfermarse de tuberculosis sigue siendo posible en el siglo XXI porque a los más pobres de todos, los migrantes de países hermanos, no los defiende nadie. No los defiende el Estado, que a pesar de haber sancionado la ley migratoria más integral del mundo, en la ciudad de Buenos Aires parece mirar para otro lado. No los defiende el Estado del país del que vinieron, ocupado en proteger lo menos peor posible a los que se quedaron. No los defiende su propia comunidad, ocupada en sobrevivir a las más brutales condiciones de trabajo que una sociedad puede ofrecer. Y no pareciera tampoco, que en algún lado hubiera un Virchow que alce su voz para defenderlos.
Cientos de profesionales médicos caminan las calles de los barrios más desfavorecidos del país, trabajan más allá de lo que sus contratos exigen, dejan parte del tiempo que le corresponde a sus familias, y hasta entregan parte de su sueldo, todo por tratar de reducir el abismo social existente entre una vida digna y la que estas personas pueden vivir. Éstos profesionales, que se enferman de ver como sus esfuerzos se diluyen frente a la desigualdad, son los que esperamos lean este comunicado y encuentren la inspiración que les está faltando.
Desde que asumió, el gobierno actual de la ciudad de Buenos Aires ha recortado fondos y subejecutado presupuestos, ha cerrado programas y reprimido –en un acto de anacronía tan irónica como enfermarse de tuberculosis en pleno siglo XXI– a los trabajadores del histórico Hospital Borda. Hace apenas unos días, la jueza Patricia López Vergara ordenó dar de baja el decreto 1657 que reasignaba fondos de salud a otras áreas y daba por terminados una serie de programas sociales que, a consideración de la jueza, desfinanciarlos “pone en riesgo la salud de la población”.
Ahora, la noticia –si es que es una noticia– del informe del fiscal federal Federico Delgado que denuncia el aumento de los casos de tuberculosis vinculado a la existencia de talleres textiles clandestinos en la ciudad de Buenos Aires, tampoco ha motivado la protesta, o un comunicado –siquiera una esquela– de ninguna organización, sociedad o asociación médica. Y los médicos sabemos que esas condiciones de trabajo determinan la ocurrencia de la enfermedad y la posibilidad de recibir atención y hasta de curarse.
Desde que el mundo es mundo y la enfermedad es lo que nos mata, hemos debatido intensamente sobre si ésta es de carácter biológico e individual, o por el contrario político y social. Colocados frente a un nuevo tránsito histórico, habremos de elegir entre explicar la tuberculosis de los migrantes bolivianos de Buenos Aires como el resultado de la infección por una micobacteria, o la consecuencia de las peores condiciones de trabajo que existen. De lo que elijamos, dependerá nuestra respuesta: seguir callados o asumir la responsabilidad que nos confiere ese pedacito de cartón que nos entregaron en la universidad. Y levantar, de una vez por todas, nuestra voz en defensa de los más débiles.
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